En un reciente artículo de Eduardo Bayona, publicado por publico.es, se reveló que más de 11.000 empresas en España fueron sancionadas en 2022 por irregularidades en el control del tiempo de trabajo de sus plantillas. Estas infracciones representan una de cada tres empresas que recibieron la visita de la Inspección de Trabajo por este motivo. El registro de la jornada laboral es obligatorio en España desde mayo de 2019, y la falta de un control objetivo en los periodos de trabajo y la explotación laboral son las principales ilegalidades detectadas.
Sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura y el empleo doméstico son los más propensos a este tipo de fraudes en España.
Vicente Lafuente, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza, señaló que la hostelería, la construcción, la agricultura y el empleo doméstico son los sectores más propensos a este tipo de fraudes. Lafuente explicó que el fraude en la contratación y en la jornada laboral siempre ha existido y es estructural, pero las condiciones para que se produzca se están endureciendo. Aun así, los empresarios inescrupulosos continúan buscando resquicios para evadir la ley.
Irregularidades en el control horario y la jornada laboral, con sanciones que suman 13,76 millones de euros.
En 2022, la Inspección de Trabajo realizó una campaña específica de supervisión del registro de jornada, en la que detectó irregularidades en 11.070 centros de trabajo de los 32.634 visitados. Esto llevó a sanciones por un valor total de 13,76 millones de euros. Estos resultados muestran una notable intensificación en la persecución de este tipo de fraudes, ya que en los primeros treinta meses de aplicación del registro de jornada, desde mediados de 2019 hasta finales de 2021, solo se detectaron irregularidades en 1.274 empresas.
Andalucía, Canarias y Cataluña concentran más de la mitad de las infracciones detectadas, con un mayor enfoque en el turismo y el sector primario.
Es importante mencionar que Andalucía, Canarias y Cataluña suman más de la mitad de las infracciones detectadas. En estas comunidades, donde el turismo y el sector primario tienen un elevado peso, el nivel de acierto de los inspectores ha sido superior al promedio, con sanciones en más de la mitad de las empresas supervisadas.
El Gobierno incrementó las inspecciones en un 43% para combatir la precariedad laboral, pero el fraude sigue siendo un problema estructural en el mercado laboral.
Miguel Ángel Heredia, senador del PSOE, explicó que el objetivo de las inspecciones es acabar con la explotación laboral que algunos empresarios siguen llevando a cabo. Heredia destacó que con el actual Gobierno, las inspecciones han aumentado un 43% con el objetivo de combatir la precariedad laboral.
Sin embargo, según Lafuente, el fraude laboral y la imposición del trabajo gratuito han alcanzado niveles estructurales en España. La Encuesta de Población Activa (EPA) estima que cada semana se realizan aproximadamente tres millones de horas extraordinarias sin remunerar, lo que equivale a más de 70.000 empleos de jornada completa. En los últimos quince años, esta cifra nunca ha bajado de los dos millones de horas, el equivalente a 54.200 empleos de 40 horas semanales.
La implementación del registro de jornada en 2019 pareció reducir inicialmente el trabajo gratuito, pero la situación empeoró con la pandemia y los ERTE, mostrando la necesidad de soluciones más efectivas.
Estos datos muestran que el descenso del trabajo gratuito tras la implantación del registro de jornada ha sido un espejismo, ya que incluso los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia fueron escenario de abusos laborales. Entre un tercio y la mitad de los asalariados en España trabajan habitualmente entre 40 y 50 horas semanales, mientras que otro medio millón supera las 50 horas de manera frecuente.
Esta situación refleja la realidad del mercado laboral español en cuanto a las jornadas laborales y el incumplimiento de las normativas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno y la Inspección de Trabajo, el fraude y la explotación laboral continúan siendo un problema estructural en el país.
La intensificación de las inspecciones y las sanciones económicas parecen no ser suficientes para erradicar completamente estas prácticas ilegales. Es necesario que las autoridades y los actores del mercado laboral sigan trabajando en conjunto para promover un entorno de trabajo justo y equitativo, en el que se respeten los derechos de los trabajadores y se cumplan las obligaciones de las empresas.
Una posible solución a este problema podría ser la implementación de políticas y estrategias que fomenten una mayor concienciación y educación sobre los derechos laborales, tanto para empleadores como para empleados. Asimismo, se podrían establecer mecanismos de denuncia y protección para aquellos trabajadores que sean víctimas de explotación laboral, garantizando su seguridad y anonimato.
Además, es fundamental promover la creación de empleos de calidad y garantizar que las empresas cumplan con las normativas laborales, evitando así la precariedad y la competencia desleal en el mercado. También se podrían incentivar las buenas prácticas empresariales mediante la concesión de beneficios fiscales o la promoción de la responsabilidad social corporativa.
En última instancia, la lucha contra el fraude laboral y la explotación de los trabajadores requiere de un enfoque integral y colaborativo entre el Gobierno, las empresas, los sindicatos y la sociedad en general. Solo así se podrá garantizar un mercado laboral más justo y equitativo, en el que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
